El Gobierno nacional reglamentó parcialmente la Ley de Cannabis Medicinal

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La ley otorga prioridad para la producción a los laboratorios públicos nucleados en la ANLAP y autoriza el cultivo de cannabis al CONICET y el INTA con fines de investigación.

La reglamentación de la ley que pone en marcha el programa para el estudio y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales, además de la provisión gratuita del aceite a los pacientes, celebró el Defensor del Pueblo Adjunto en Derechos Humanos y Salud de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Honores.

La ley prevé que "el 'Programa nacional para el estudio y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales' actuará en el ámbito de la Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud, y será dirigido por un profesional médico calificado y con experiencia en investigación o gestión de la investigación, o en especialidades afines, con rango de director nacional", recuerda el texto.

'Entre sus propósitos se encuentra la necesidad de comprobar los beneficios y efectos adversos del uso de la planta de Cannabis y sus derivados como modalidad terapéutica y/o paliativa de enfermedades cuyo diagnóstico se ajuste a las normas aceptadas internacionalmente, y que sean objeto de atención en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud', apunta.

La ley 27.350 fue sancionada el último 29 de marzo, luego de una larga lucha fundamentalmente de organizaciones de usuarios y familiares de personas que utilizan el cannabis medicinal, que aunque la reconocieron como un avance todavía reclaman una mayor participación en el debate sobre su implementación y sobre todo, que se coloque de manera explícita la despenalización del autocultivo.

"La reglamentación sigue dejando muchas dudas".

"La ley dejaba muchos puntos abiertos que se esperaba que la reglamentación aclarara y ampliara, pero esto no sucedió".

Autoriza la importación del "aceite de cáñamo" y de derivados de la planta hasta que el Estado pueda producirlo y el acceso gratuito para los pacientes que puedan necesitarlo según prescripción médica. El mismo criticó "la incorporación del Ministerio de Seguridad como controlador, lo que no estaba mencionado en la Ley".

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